El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha concluido una investigación que apunta a que el denunciado habría emitido una factura falsa por la gestión de placas de fibrocemento, sin haber llevado a cabo realmente el servicio.
De acuerdo con la información proporcionada por la Guardia Civil, las placas nunca llegaron a un centro autorizado para su correcto tratamiento. Como consecuencia, se ha iniciado una investigación contra una persona en Burgos por un presunto delito de falsificación documental, ya que habría certificado falsamente la correcta eliminación de un tejado de uralita retirado en una obra.
Durante las pesquisas, se han detectado otras irregularidades, lo que ha derivado en la redacción de cuatro actas de denuncia. Entre las infracciones figuran la falta de permisos y documentación obligatoria para la retirada del material, lo que implica un incumplimiento de la normativa sobre seguridad laboral en trabajos con amianto, además de vulneraciones de las leyes medioambientales sobre la gestión de residuos peligrosos.
Inicio de la investigación
Los hechos se remontan a 2024, cuando la Guardia Civil de Burgos observó un aumento en los vertidos ilegales de placas de fibrocemento en diversas zonas rurales de la provincia. Ante esta situación, el SEPRONA puso en marcha una operación para frenar el abandono incontrolado de este material y garantizar su correcta eliminación.
Dentro de estas acciones, se intensificaron las inspecciones en obras donde se desmontaban cubiertas de uralita, con el objetivo de verificar su adecuada gestión. En una de estas revisiones, realizada en verano en la Ribera del Duero, se inspeccionó una construcción en la que se había retirado un tejado de este material.
Al solicitar a la empresa contratada los documentos que acreditaran el tratamiento legal de las placas de fibrocemento, se comprobó que no disponía de los permisos requeridos. La compañía alegó que había delegado la gestión en otra empresa, pero las investigaciones posteriores demostraron que el material nunca se entregó en un centro autorizado. A pesar de ello, la empresa subcontratada emitió una factura por el servicio, lo que llevó a la imputación de su responsable por presunta falsificación documental.
Otras infracciones detectadas
Además del fraude en la gestión del material, la investigación llevada a cabo por el SEPRONA, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, permitió detectar diversas irregularidades. Por este motivo, se han interpuesto cuatro denuncias contra las empresas implicadas por violaciones a la normativa de seguridad en el manejo de amianto y por incumplimientos de las leyes medioambientales sobre el tratamiento de residuos peligrosos.
Regulación y riesgos asociados
El uso y comercialización del amianto están prohibidos en España desde 2002, aunque los edificios que ya contienen este material pueden seguir utilizándose hasta el final de su vida útil. La Ley 7/2022, de 8 de abril, establece que los ayuntamientos deben elaborar un censo de construcciones con amianto y programar su retirada, dando prioridad a las más peligrosas antes de 2028.
Para manipular este material, las empresas deben cumplir estrictos requisitos, como estar registradas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y contar con un Plan de Trabajo aprobado por las autoridades laborales. Además, los operarios encargados de su eliminación deben pasar controles médicos y utilizar equipos de protección adecuados. Asimismo, el fibrocemento retirado debe ser embalado, etiquetado y trasladado a un vertedero autorizado para residuos peligrosos.
Debido al alto coste de este proceso, han surgido compañías clandestinas que falsifican documentos, incumplen las medidas de seguridad y eliminan los residuos de manera ilegal. Estas prácticas suponen una competencia desleal para las empresas que siguen la normativa, ponen en peligro la salud de los trabajadores y generan un grave impacto ambiental.
En muchos casos, estos residuos son abandonados en terrenos públicos o privados, lo que traslada la responsabilidad de su retirada a terceros, a menudo a los ayuntamientos, generando un coste económico adicional para la administración.
Investigan a una persona por fraude en la gestión de placas de uralita
